El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, José González Morfín, informó que en breve esta soberanía responderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo Federal para no publicar la Ley General de Víctimas.
Entrevistado, en el marco de la entrega de constancias de mayoría de senadores electos que hoy realizó el IFE, apuntó que es su responsabilidad responder a la notificación que hizo el máximo tribunal de la nación, a quien le corresponde decidir si se debe publicar la ley o no.
Tenemos hasta el 24 (de agosto) y seguramente antes de eso será entregada la respuesta a la Corte”, apuntó al tiempo que consideró que sobre las observaciones que hizo el Ejecutivo Federal y por lo cual la regreso al Congreso y no la público, deberá haber diálogo para su consenso.
“Yo creo que debería haber siempre dialogo sobre los contenidos, así como a juicio de Ejecutivo hay algunas cuestiones que hay modificar en la ley, sería bueno de todas maneras en lo que la Corte resuelve ir adelantando esos temas”, dijo.
Consideró que sería conveniente que se discutiera, por ejemplo, con los dirigentes del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, con la visión de las nuevas bancadas de las dos cámaras.
“Me parece que es un asunto que tenemos que resolver de todas maneras entre todos. Entonces lo que se pueda adelantar en el diálogo sobre los contenidos de la ley es muy importante, bien que se haga una nueva iniciativa como algunos sugieren, con algunos pendientes que faltan, o bien que se acordara modificar rápido la que ya tenemos”, apuntó.
Señaló que lo importante de esta legislación es que es absolutamente necesario que estuviera vigente lo más pronto posible. “Ojala también en ese contexto la Corte le de la celeridad que el caso amerita y que la controversia pudiera estar resuelta lo más rápido posible”.
Recordó que la controversia constitucional la interpuso el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por el ordenamiento de parte del presidente del Senado para que la publicará y entrara en vigor, toda vez que ya se habían cumplido los plazos para hacer observaciones y por ley se tenía que publicar.
Explicó que desde la óptica del Senado se tiene que responder esta controversia, pues el Senado de la República no tuvo que ver nada con la solicitud de devolución del decreto que hizo el presidente de la Cámara de Diputados.
Apunto que el Ejecutivo Federal lo que argumenta es que luego de que el Senado le envió el decreto, la Cámara de Diputados pidió que se devolviera para hacer algunas correcciones, y tardaron 290 días en devolverla a la Secretaría de Gobernación.
Por ello, dijo, “esos 20 días, yo entiendo y comprendo la óptica del Ejecutivo, ellos dicen que en esos 20 días no tuvieron el decreto y que material y formalmente era imposible hacer observaciones, pero ese no es el caso del Senado, porque nosotros tenemos el documento con el que se entregó el decreto en la Segob desde el 10 de mayo y nosotros ordenamos la publicación en el momento en que debimos haberlo hecho de acuerdo a un mandato constitucional”, explicó.
Agregó que finalmente del Ejecutivo Federal decidió controvertir, no tanto el fondo de la ley, es decir, su contenido, sino sobre los tiempos que se debería llevarse a cabo el proceso que son: 20 días para revisión y regresarla si tenía observaciones, y de no haber observaciones, 10 días más para publicarla. unomásuno D.R. 2012
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